El sindicalista Omar «Caballo» Suárez recibió hoy la prisión domiciliaria por los problemas de salud que padece que no pueden ser atendidos adecuadamente en prisión.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 4, que tiene a su cargo la causa por presunta asociación ilícita en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
El inicio del juicio oral está previsto para junio.
«Nos encontramos ante el caso de un interno que presenta numerosas afecciones, las cuales requieren el seguimiento periódico de una variedad de especialidades médicas», señalaron en su resolución los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado y las enumeraron: hipertensión arterial en tratamiento, bradicardia sinusal, dislipemia, hipoacusia moderada, acúfenos, cataratas, lumbalgia y un nódulo sospechoso de carcinoma papilar que se le detectó en la glándula tiroides.
A eso se suma un déficit cognitivo, tendencia a la depresión y problemas para caminar por sus propios medios.
«A partir de un análisis global del cuadro médico de Enrique Omar Suárez, como también de los antecedentes de la atención recibida del personal penitenciario, estamos en condiciones de afirmar que el nombrado Suárez padece diversas patologías que no pueden, en su conjunto, ser tratadas satisfactoriamente ya sea en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza o en el Hospital Penitenciario Central, ni siquiera extremando los esfuerzos de tales instituciones de acuerdo a sus recursos disponibles», concluyeron los jueces.
En su resolución los magistrados también tuvieron en cuenta la emergencia penitenciaria federal que decretó el gobierno de Mauricio Macri por la superpoblación.
El tribunal recordó que el año pasado había ordenado que el Servicio Penitenciario Federal garantizara la atención y operación de la vista de Suárez en una clínica privada. Pero nunca se hizo.
Los camaristas resaltaron «la imposibilidad de las autoridades penitenciarias para asegurar la atención de la salud extramuros de los detenidos cuando ella es necesaria, dada la escasez de vehículos disponibles y medios económicos a tal fin».
«Bajo esta perspectiva, todo parece indicar que el Estado no estaría en condiciones de asegurar al detenido Suárez su atención en tiempo apropiado en caso de que sobrevenga una nueva emergencia de salud, de similar naturaleza al accidente isquémico que habría tenido lugar entre octubre y diciembre de 2016, mientras Suárez se hallaba privado de su libertad y bajo el cuidado del Servicio Penitenciario Federal, cuyas consecuencias agravaron su cuadro», analizaron.
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