La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes lanzó un duro comunicado en el que denunció graves demoras en el accionar judicial.
07-01-26
Es por causas vinculadas a delitos rurales y señaló "la falta de intervención efectiva" de la Justicia ante reiteradas irregularidades.
Según el documento, al 6 de enero de 2026, "al menos cinco unidades de la Policía Rural permanecían desde hacía más de 24 horas aguardando órdenes judiciales para avanzar con procedimientos de aprehensión, una situación que no solo expuso a los efectivos a las inclemencias del tiempo, sino que también paralizó investigaciones en curso y dejó sin respuestas a los productores damnificados".
Desde la entidad advirtieron que "las dilaciones resultan especialmente alarmantes debido a la reiteración de delitos y a la presunta reincidencia de algunos de los involucrados".
En ese contexto, sostuvieron que "la falta de decisiones firmes desalienta el trabajo de la Policía Rural y transmite un mensaje de impunidad que golpea de lleno a las zonas productivas".
El comunicado remarca que "estos hechos son de público conocimiento" y que fueron elevados al fiscal general, sin que hasta el momento se haya observado una respuesta concreta.
Para la Asociación, determinadas actitudes y omisiones "contradicen abiertamente la necesidad de frenar el avance del delito rural", en una provincia "que requiere una Justicia ágil, especializada y comprometida con la seguridad".
Asimismo, destacaron el trabajo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (ex PRIAR), al señalar que, "pese a la falta de recursos, las tareas de patrullaje y prevención permitieron avances significativos".
Sin embargo, denunciaron que "ese esfuerzo se diluye al momento de judicializar los hechos por la falta de acompañamiento del Ministerio Público".
Finalmente, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes exigió que se revise de manera urgente el accionar de la fiscalía y que "el fiscal general asuma el rol que le corresponde para garantizar una coordinación real entre la Justicia y las fuerzas de seguridad rurales, al advertir que la inseguridad en el campo no puede seguir siendo víctima de la inacción ni de decisiones que erosionan el Estado de derecho".
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