La norma, sancionada el 4 de noviembre por la Cámara de Diputados, establece la creación de esa dependencia en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la misión de “garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485”.
Los letrados que integren el nuevo cuerpo deberán “brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485".
También lo harán en casos de violencia "ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual de modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva”.
Asimismo, según la normativa promulgada el pasado 23, tendrán que “desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”.
Además, deberán “formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género” y “fomentar la producción y difusión de informes e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de género”.
El Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género estará a cargo de un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado.
Ayer, la Corte Suprema de Justicia informó que un total de 225 mujeres fueron víctimas de femicidios durante 2014.
De ese total, el 42% tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas y al 75% la mató algún allegado, según datos del Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
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