A partir del 24 de septiembre, en un mismo debate se juzgará al ex funcionario por haber recibido dádivas de dos empresas.
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| Crédito: Télam |
Ricardo Jaime tendrá un mes de septiembre agitado desde el
punto de vista judicial. Está programado para que el próximo mes
comiencen los alegatos en el juicio oral y público por la Tragedia de
Once. En esa etapa los acusados-entre ellos Jaime- deben estar presentes
en el juicio. Desde mayo de 2014 que Jaime no asiste al juicio oral y
público por el choque en que murieron 51 personas.
Y el 24 de
septiembre Jaime se debe sentar en el banquillo de los acusados en otro
juicio. Por otros dos casos de corrupción de la época en la que fue
secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.
El juez
Julián Ercolini, quien realizará el juicio, fijó fecha para que Jaime,
alguno de sus testaferros y empresarios a los que debía controlar, sean
juzgados por el delito de dádivas. La traducción a un lenguaje más llano
podría ser "coimas".
Se comprobó judicialmente-a partir de la
denuncia del ex Fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel
Garrido- que Jaime viajaba en taxis aéreos algunos fines de semana largo
a lugares de descanso. Y esos aviones eran pagados por la empresa
Trenes de Buenos Aires (TBA) que, por ejemplo, explotaba el Ferrocarril
Sarmiento hasta la Tragedia de Once. Un caso de corrupción. La empresa
que era "controlada" por Jaime y que recibía millones en subsidios, le
devolvía al funcionario una gratificación.
El otro caso es
similar. La justicia-luego de una revelación periodística- comprobó que
el alquiler de los departamentos donde vivió Jaime mientras fue
secretario de Transporte (2003-2009) era pagado por ejecutivos de la
firma Terminal de Buenos Aires (TEBA) que explota la Terminal de Ómnibus
de Retiro. Mes a mes, los empresarios abonaban el costo del alquiler
del departamento que se ahorraba de pagar Jaime. Otro caso de
corrupción. Quien debía controlar al concesionario, era sobornado con el
pago del alquiler. Jaime, en retribución le otorgó a TEBA la
prolongación de la explotación del millonario negocio de la Terminal de
Retiro desde 2006 hasta el este año.
El juicio, en principio, se iba a realizar por separado por cada uno de los casos. Pero ante el razonable pedido
de Jaime, el juez fusionó los dos casos en un solo juicio y pasó su
comienzo para septiembre. El delito de dádivas tiene una pena baja que
va de un mes a dos años de prisión para el funcionario público que
recibiera las "gratificaciones" y de un mes a un año para el funcionario
que las entregara.
El juicio presenta tres alternativas.
-Que
se realice el debate oral y público con todo los imputados sentados en
el banquillo. Que el fiscal Guillermo Marijuán acuse y que el juez
Ercolini condene o absuelva.
-Que algunos de los imputados pidan
una "probation" o suspensión del juicio a prueba. Este instituto no
está permitido para los funcionarios públicos. De modo tal que Jaime no
puede aspirar a lo mismo que los empresarios que-bajo ciertas
condiciones- pueden evitar el juicio a cambio de realizar tareas
comunitarias.
-Que Jaime (o alguno de los imputados) pacte con
el fiscal Marijuán un juicio abreviado. Es decir se declara culpable, le
dictan una condena y una pena, pero no es sometido al juicio oral y
público.
Si Jaime fuera condenado en este juicio por dos casos de corrupción, sería la segunda condena. Ya tiene una condena confirmada de seis meses de prisión por el intento de robo de pruebas en el caso en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Desde
hace unos días, cuando Ercolini, fijó la fecha del inicio del juicio de
los dos casos en conjunto, está todo listo para que comience el debate.
El fiscal tiene todo preparado para el juicio oral. Si los imputados
quieren realizar un acuerdo con Marijúan-explican en Tribunales- las
puertas están abiertas, como sucede en todos los casos judiciales que
llegan a juicio oral y público.
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