El hostigamiento comenzó luego de que conocieran varias designaciones irregulares hechas por el Superior Tribunal en el Instituto Médico Forense.
A partir de la filtración de designaciones irregulares en el
Instituto Médico Forense de Corrientes, el Superior Tribunal de Justicia
(STJ) de la provincia comenzó una persecución contra trabajadores que
integran el colectivo Justicia Legítima.
Así lo denunció la
organización, luego de que el máximo tribunal correntino dispusiera una
investigación interna e interrogara a varios de sus miembros para
averiguar quién difundió esa información.
La disputa comenzó a fines del año pasado, cuando el STJ, integrado por Horacio Semhan, Fernando Niz y Alejandro Chaín, realizó un escandaloso nombramiento: en 4 de los 5 cargos del Instituto Médico Forense fueron designados sus familiares, la ginecóloga Valeria Yvonne Niz, hija del juez Niz, y su marido, el bioquímico Jorge Reimer; el psiquiatra José María Chaín, hermano del juez Chaín, y el médico laboralista Horacio Raimundo Sotelo, hermano del fiscal general César Pedro Sotelo.
El método también generó suspicacias. Se evaluó a través de entrevistas personales eliminatorias tomadas por los jueces Chaín y Niz. De esas entrevistas no se dejó constancia y quedaron eliminados varios especialistas con años de experiencia. Al salir a la luz los hechos, los ministros empezaron a averiguar quién había filtrado la información a la prensa e investigar a los miembros de Justicia Legítima, que había denunciado la situación luego de la repercusión pública.
Los jueces iniciaron un sumario administrativo por haber filtrado información confidencial. Tres trabajadores fueron citados como testigos, uno de ellos como "testigo sospechoso", una figura anacrónica del Código Procesal Penal de Corrientes que se ubica entre el testigo y el imputado.
Los interrogatorios fueron "con tenor policial, inquisidores", señaló el fiscal Diego Vigay, coordinador de Justicia Legítima Nordeste, quien comentó que las preguntas de los ministros se enfocaron a las actividades de la organización, dónde se reúne, quiénes son sus miembros, de dónde saca la información y cómo adhieren a los comunicados.
También buscaban responsabilizar a un miembro del Instituto Médico Forense, Diego Rinaldi, quien estuvo con licencia médica por el estrés que le provocó el acoso laboral que sufrió.
En la provincia hay un antecedente muy cercano, que marca la gravedad de lo que ocurre: a comienzos de abril, la fiscal de Paso de los Libres Roxana Romero fue destituida por unanimidad en un juicio político por acoso laboral y persecución ideológica a sus empleados, entre ellos, Flavio Ariel Cabrera, de 33 años, quien luego falleció como consecuencia de una úlcera.
La disputa comenzó a fines del año pasado, cuando el STJ, integrado por Horacio Semhan, Fernando Niz y Alejandro Chaín, realizó un escandaloso nombramiento: en 4 de los 5 cargos del Instituto Médico Forense fueron designados sus familiares, la ginecóloga Valeria Yvonne Niz, hija del juez Niz, y su marido, el bioquímico Jorge Reimer; el psiquiatra José María Chaín, hermano del juez Chaín, y el médico laboralista Horacio Raimundo Sotelo, hermano del fiscal general César Pedro Sotelo.
El método también generó suspicacias. Se evaluó a través de entrevistas personales eliminatorias tomadas por los jueces Chaín y Niz. De esas entrevistas no se dejó constancia y quedaron eliminados varios especialistas con años de experiencia. Al salir a la luz los hechos, los ministros empezaron a averiguar quién había filtrado la información a la prensa e investigar a los miembros de Justicia Legítima, que había denunciado la situación luego de la repercusión pública.
Los jueces iniciaron un sumario administrativo por haber filtrado información confidencial. Tres trabajadores fueron citados como testigos, uno de ellos como "testigo sospechoso", una figura anacrónica del Código Procesal Penal de Corrientes que se ubica entre el testigo y el imputado.
Los interrogatorios fueron "con tenor policial, inquisidores", señaló el fiscal Diego Vigay, coordinador de Justicia Legítima Nordeste, quien comentó que las preguntas de los ministros se enfocaron a las actividades de la organización, dónde se reúne, quiénes son sus miembros, de dónde saca la información y cómo adhieren a los comunicados.
También buscaban responsabilizar a un miembro del Instituto Médico Forense, Diego Rinaldi, quien estuvo con licencia médica por el estrés que le provocó el acoso laboral que sufrió.
En la provincia hay un antecedente muy cercano, que marca la gravedad de lo que ocurre: a comienzos de abril, la fiscal de Paso de los Libres Roxana Romero fue destituida por unanimidad en un juicio político por acoso laboral y persecución ideológica a sus empleados, entre ellos, Flavio Ariel Cabrera, de 33 años, quien luego falleció como consecuencia de una úlcera.
El hecho conmocionó a los trabajadores judiciales de la
provincia, que responsabilizaron al fiscal general Sotelo y al Superior
Tribunal de Justicia, ya que la ex fiscal Romero había trabajado en
varias localidades de la provincia y las denuncias de malos tratos no
fueron tratadas por sus superiores.
"Con ese antecedente, el Superior Tribunal está llevando adelante una persecución contra Justicia Legítima. Esto muestra el grado de impunidad que tiene para avanzar con una persecución ideológica y acoso laboral", agregó Vigay. «
"Con ese antecedente, el Superior Tribunal está llevando adelante una persecución contra Justicia Legítima. Esto muestra el grado de impunidad que tiene para avanzar con una persecución ideológica y acoso laboral", agregó Vigay. «
Gerardo Aranguren - Infonew
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