El intendente del Paiubre presentó denuncias por presuntas irregularidades detectadas de la gestión anterior.
24-07-26
Aseguró que se pagaron 26 millones de pesos por una obra que no se ejecutó y advirtió sobrecostos de pavimentación hasta tres veces superiores.
El intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, presentó una serie de denuncias ante la Justicia tras detectar presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas durante la gestión municipal anterior.
Según explicó, las auditorías internas realizadas por la actual administración revelaron el pago de millonarias sumas por trabajos que, de acuerdo con la documentación y los informes técnicos reunidos, no habrían sido ejecutados o registraron costos muy por encima de los valores de mercado.
Uno de los casos señalados por el jefe comunal corresponde a las supuestas tareas de canalización y ensanchamiento del Arroyo Gómez.
Cemborain afirmó que el municipio abonó aproximadamente 26 millones de pesos por trabajos que debían realizarse sobre un tramo de 3.000 metros, aunque sostuvo que nunca se concretaron.
"Se pagaron facturas por una obra que no existe.
Nunca entró una máquina a trabajar en ese lugar", aseguró el intendente al dar a conocer los detalles de la presentación judicial.
Como respaldo de la denuncia, el municipio incorporó un informe elaborado por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA).
De acuerdo con ese documento, la última intervención autorizada sobre el Arroyo Gómez fue en 2017, por lo que no existirían registros oficiales que acrediten la realización de las tareas facturadas durante 2025.
Además de este expediente, el Ejecutivo municipal denunció presuntos sobreprecios en obras de pavimentación.
Según Cemborain, el análisis comparativo entre contratos ejecutados por la administración anterior y los licitados por la gestión actual permitió detectar diferencias significativas en los costos.
El intendente sostuvo que algunos trabajos fueron contratados con valores hasta tres veces superiores a los que hoy paga el municipio por obras de características similares.
Esa situación, afirmó, también fue incorporada a las actuaciones judiciales para que se determine si existió perjuicio económico para las arcas municipales.
Las presentaciones buscan que la Justicia investigue la posible comisión de delitos vinculados con la administración de fondos públicos y establezca las responsabilidades que pudieran corresponder a exfuncionarios o empresas contratistas que participaron en las obras cuestionadas.
Cemborain remarcó que la decisión de judicializar los casos responde al compromiso de transparentar la gestión y recuperar la confianza de los vecinos en el manejo de los recursos públicos.
En ese sentido, señaló que la actual administración continuará revisando la documentación correspondiente a obras y contrataciones realizadas en los últimos años para detectar otras posibles irregularidades.
Mensajes Gmail
Mensajes Facebook