El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
29-04-26
Dispuso como medida preventiva la suspensión de la operatoria y apertura de sumario a la cooperativa de trabajo La Azurduy Ltda.
La investigación revela una desnaturalización de la figura cooperativa (Art. 2º Ley Nº 20337), al constatarse que la entidad es utilizada para el beneficio de una serie de personas, algunas de las cuales ni siquiera son asociados, y organizaciones externas.
Las autoridades tampoco han brindado la documentación respaldatoria de los pagos realizados por la adquisición de un terreno, lo que implica una obstrucción a la fiscalización, y cuya operación se encuentra fuera de su objeto social.
Los principales señalados en la investigación incluyen a Ramona Fernanda Miño, ex presidenta del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), su cónyuge Juan Carlos Molina y un grupo de cinco asociados de la cooperativa (de apellido Molina) que poseen el mismo domicilio.
Resumen de irregularidades detectadas
La fiscalización de la cooperativa revela una estructura montada para el desvío de fondos públicos y la elusión de controles, destacándose los siguientes delitos y faltas:
1. Conflictos de interés y vínculos familiares: Se detectó que funcionarios del FISU comparten domicilios fiscales con directivos de la cooperativa y sus familiares.
Esta red de parentescos se repite en otras entidades vinculadas.
2. Conexión con organizaciones políticas: La cooperativa funciona bajo el control operativo de movimientos sociales y gremiales (MTE/UTEP).
Comparten sedes físicas, autoridades y correos electrónicos, lo que demuestra que la cooperativa no es autónoma, sino que responde a dichas organizaciones.
3. Facturación: Integrantes de la comisión directiva facturan servicios a la propia cooperativa a través de otras entidades que ellos mismo presiden.
4. Proveedores fantasmas y tercerización irregular: Personas ajenas a la cooperativa facturan materiales y fletes a través de sociedades que no poseen locales comerciales, depósitos ni vehículos registrados.
Finalmente, se encuentran bajo sumario y suspensión preventiva las autoridades de las cooperativas proveedoras Athenea Construcciones y San José Obrero de Zelaya por obstrucción a la fiscalización y desvirtuación de la figura societaria.
Complementariamente, otro proveedor de La Azurduy, Maiza del Pilar SRL, se encuentra incluido en la base de emisores de facturas apócrifas.
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