Una estructura bien armada y que funcionaría hace bastante tiempo. Con ramificaciones en las altas esferas.
06-05-22 Por Roberto Zorrilla.
Un secreto a voces dicen algunos.
Están los "Captadores", los que manejan los papeles y los que dan el "Visto bueno".
Entre ellos habría reparto de ganancias, aunque los primeros no siempre son los más beneficiados, aunque son los más expuestos en toda la operación.
Así se mueve una organización que lucraría, desde hace mucho tiempo, con la desesperación de muchos jóvenes, que anhelan ser policías de la provincia de Corrientes, pero a veces los “filtros” los dejan fuera, mientras que esos mismos filtros, no aplican a quienes pagan hasta $85.000 para “sortear los obstáculos”; aunque estos tengan que ver con prontuarios criminales.
El descubrimiento de un sujeto procesado por un robo calificado y con pesados antecedentes, realizando por estos días el curso en la Unidad Regional de Goya, para poder ingresar a la fuerza policial, fue la punta del ovillo que generó la conversación inicial.
De allí, una familia cuyo hijo se inscribió correctamente en Marzo, y espera aún ser convocado consultó a este periodista si ya se incorporaron los que deben presentarse en una de las otras dos Unidades Regionales, que habilitaron el ingreso a estos cursos.
“Mi sobrino quiere ser policía, vive en Itatí, pero allí no se convocó, por lo que puso la dirección de la casa de un amigo en Ituzaingó.
Cuando fueron a notificarlo en el domicilio que dio, una mujer negó que viva allí y su expediente volvió a jefatura.
Nunca nos enteramos si lo bocharon o no. Ahora hay una pareja que nos pide $85.000 para poder mover los papeles”, me relató una mujer.
“La pareja”, son los captadores. Son oriundos de San Cosme. Viven en una humilde vivienda del InViCo, en el barrio Nuevo, a las afueras del pueblo.
Él es un policía en pasividad por largo tratamiento, ya que habría tenido varios episodios y brotes psicóticos, que obligaron a las autoridades a ordenar apartarlo del servicio.
Ella es puntera política, desocupada según algunas fuentes consultadas y ambos, con graves problemas de deudas.
Son quienes consiguen los “Clientes”, para la otra parte de la organización; distribuidos entre Jefatura de Policía (que recepciona los papeles) y una funcionaria del Ministerio de Seguridad; al parecer con acceso directo a los legajos de los cadetes y con el poder suficiente para hacer que a estos jóvenes, se les frustre su profesión o que pasen sin problemas y a pesar de sus antecedentes penales.
“Tu sobrino ya estaba afuera y nosotros hicimos que vuelva a estar, pero está complicado y hay mucha gente que está detrás de esto y hay pagar para mover esos papeles de nuevo porque están caídos.
Entiendo que no puedas pagar todo, pero por lo menos una parte y después lo otro en cuotas.
Ella (la funcionaria de Seguridad) te da comprobantes del pago”, dice Jorge, a los interesados.
Su esposa Laura, haría las veces de mediadora entre quienes están desesperados por no tener la suma requerida; su marido que tiene los contactos y la persona que mueve los papeles.
En el juego del bueno y el malo, ella interpreta el primer papel.
Siempre supeditada a la decisión de lo que diga su marido.
“El tema está complicado y es mucha plata la que se necesita.
Pero se puede hacer en cuota.
Entregan $60.000 primero y lo otro se puede financiar.
Como ya está todo elevado a Jefatura, tienen que sacar los papeles de allí y es muy riesgosa la maniobra que tienen que hacer y estos no te fían ni por tranca”, acota en uno de los audios.
Los captadores dicen que ellos “no cobran nada”, pero en todo momento dejan muy en claro que son parte de todo el complejo andamiaje.
El último y más importante eslabón de la cadena dice llamarse "María" y trabajar en el Poder Judicial.
Escribe desde un celular oficial que dice, caerse de WhatsApp.
María da crédito de todo lo dicho por Jorge y Laura y da garantías absolutas de que tras el abono de los $85.000 el aspirante ingresará a la fuerza.
El caso está planteado.
En poder de este periodista hay pruebas de audio de los involucrados.
Ahora resta saber si con las pruebas al descubierto, se abrirá una investigación SERIA, REAL Y CONTUNDENTE, para erradicar este tipo de andamiaje corrupto, que se ocultaría oficinas adentro de dos reparticiones estatales tan importante, que se ocupan del cuidado de la seguridad de los Correntinos.
¿Quienes son? y ¿qué cargos ocupan el resto de lo que parece ser una organización bien aceitada y con muchos más componentes?
Y, finalmente, ¿Qué decisiones tomará el gobernador al respecto?.
Otra mancha más a una institución, donde pareciera que un puñado se empeña por arruinar el excelente trabajo de la mayoría!
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