El caso se dio a conocer luego que el Comité Contra la Tortura visitara las celdas donde se encontraba arrestada la supuesta víctima.
La denuncia, que en la presentación judicial fue calificada como un hecho de tortura, llegó a conocimiento de las autoridades del Comité de nuestra provincia, durante una visita de inspección a las celdas del Escuadrón 48 “Corrientes” de esa fuerza de seguridad nacional.
En un comunicado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expresó su reconocimiento a la decisión del Juzgado Federal número 2 de Corrientes, a cargo de Juan Carlos Vallejos, por haber aceptado que las autoridades de la delegación en esa provincia representen a la denunciante.
En su presentación judicial, el Comité de Corrientes sostuvo que “el abuso sexual en el marco de una detención y cometido por un agente responsable de la custodia es constitutivo de tortura”, tal como lo ha establecido en causas anteriores la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La importancia de la resolución judicial radica en que la Ley provincial que creó el Comité contra la Tortura de Corrientes no contemplaba la posibilidad expresa para que este mecanismo local pudiera constituirse como querellante en un caso por torturas”, resaltó el CNPT en su declaración.
El juzgado federal tuvo en cuenta que el Comité correntino es integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura creado por la Ley 26.827.
El CNPT consideró que la posibilidad de que el Comité correntino pueda intervenir en la causa “es un importante paso contra la impunidad”.
La denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva, identificó al gendarme al que acusó por “abuso sexual”, quien esta semana será indagado por el juez a cargo de la investigación.
Previamente, el magistrado le tomó declaración a la denunciante y a testigos de lo sucedido.
El Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional está ubicado en la esquina de Perú y San Martín, en la ciudad de Corrientes.
En octubre del año pasado, el Juzgado Federal 2 de esa ciudad había ordenado a las autoridades de la fuerza de seguridad que se buscara la forma de reducir la cantidad de personas detenidas en esa dependencia, mediante la relocalización de internos en las cárceles federales de Chaco y Formosa.
El hacinamiento se debe a que Corrientes no cuenta con una unidad penal federal.
La mujer que hizo la denuncia, la había presentado ante la Fiscalía Federal y ante Defensoría Federal.
El Comité solicitó como medida preventiva “evitar cualquier contacto entre la denunciante y el efectivo de la Gendarmería denunciado”, teniendo en cuenta que la mujer sigue alojada en el Escuadrón 48, ante la imposibilidad de trasladarla al Instituto Pellegrini, la única cárcel de mujeres, dado que tampoco cuenta con plazas disponibles por estar excedida en su capacidad.
Como parte de la investigación, el juez Vallejos le ordenó a las autoridades del destacamento de Gendarmería que “remitan información sobre las condiciones de detención de las 15 personas bajo su custodia”.
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