La decisión del gobierno nacional, implementada por el ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic, de utilizar el ciberpatrullaje sobre las redes sociales, ganó ayer un apoyo inesperado.
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| Foto de archivo. |
Patricia Bullrich, antecesora de Frederic y autora del protocolo que comenzó a aplicarse en 2017 para detectar opositores y disconformes con su gobierno, manifestó en una entrevista con Alejandro Bercovich, en Radio con Vos: “Yo tenía diferencias con la ministra Frederic, pero con el ciberpatrullaje la banco”.
Claro que se encargó de defender su obra: “Le dejé todo organizado”, dijo.
Y agregó, por si quedaba alguna duda de la intencionalidad persecutoria del mecanismo: “Si yo uso palabras claves como saqueo, bombas, armas, iré a un delito tipificado. Si pongo como palabra clave “cacerolazo”, eso es medir quién está protestando y eso es persecución“. Más claro, imposible.
Mientras tanto, Kevin, el joven remisero de Balcarce que tuiteó irónicamente “Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, ¿no?”, está imputado por intimidación pública e incitación a cometer delitos en una causa penal a cargo de la fiscalía de Balcarce, iniciada por la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional junto al Área de Ciberpatrullaje de la Sub DDI de la Policía Bonaerense de esa localidad.
Como lo justificó Bullrich en la misma entrevista, convocar a un cacerolazo contra el gobierno o anunciar públicamente la negativa de grandes contribuyentes a pagar impuestos, en cambio, no constituye delito sino que es una simple opinión amparada por la libertad de expresión.
Todavía más claro.
Un comunicado de AMMAR difundió la situación de cinco compañeras trans que fueron detenidas ayer a tres cuadras del hotel donde viven cuando volvían de hacer compras.
Además de detenerlas de manera absolutamente arbitraria, ya que estaban realizando una actividad permitida con todas las precauciones del caso, quedó registrado en un video de una vecina el momento en que el jefe del operativo se refirió a las compañeras como “los travestidos”, en clara violación a la ley de identidad de género, y a pesar que personas que se acercaron a solidarizarse le señalaban que debía referirse a ellas como mujeres.
No es el único hecho que prueba que los colectivos más vulnerables están en primera fila también a la hora de la represión.
En Jujuy, otra chica trans fue detenida, y llevada a una cancha de fútbol reconvertida en lugar de detención.
Allí, a empujones le bajaron el pantalón “para que se haga macho”, la tocaron, le pegaron y quisieron violarla. La piba sufrió convulsiones por la situación de violencia.
Ante los gritos de las personas presentes, tuvieron que llamar al SAME. Camino al hospital, la amenazaron para que no hablara de lo sucedido.
No aflojan, por cierto, los femicidios.
A pocas horas de la aparición del cuerpo masacrado de Camilia Tarocco en Moreno, nos enteramos que una adolescente y una maestra fueron asesinadas en Santiago del Estero y Santa Cruz.
Priscila Martínez, de 15 años, había desaparecido a principios de la semana en el Barrio Los Lagos de La Banda, Santiago del Estero.
Su cuerpo fue encontrado enterrado debajo de la cama de su tío, Rubén Ávila, que ya tenía un antecedente por violación. Hoy está detenido, acusado por abuso sexual y femicidio.
En Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz, a 250 kilómetros de Río Gallegos, Jesica Minaglia, maestra de escuela primaria de 31 años, fue encontrada sin vida dentro de su casa, asesinada a golpes.
Para ratificar la alta incidencia de uniformados entre los femicidas, el principal sospechoso es su ex pareja, Pablo Núñez, policía de la fuerza provincial.
Estos cuatro hechos ratifican que es urgente la declaración de emergencia en violencia de género y la implementación de un plan nacional para atender la situación económica, social, sanitaria, habitacional y judicial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries.
Continuando el reporte, ayer relatamos que en La Pampa, además de arreciar las denuncias por detenciones arbitrarias, golpizas y otros hechos represivos, se implementó, como en San Juan, la aplicación del procedimiento de flagrancia para la rápida condena, sin oportunidad de defensa material, de las personas intimadas.
En ese contexto, el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos lanzó una campaña por redes sociales, con la consigna “Nos tapamos la boca pero no nos callamos nada”.
En el texto de la convocatoria señalan que “las comisarías y prisiones están abarrotadas de detenidxs hasta en los pasillos” y denuncian las detenciones arbitrarias, las golpizas y aplicación de tormentos con picana eléctrica y los disparos con balas de goma.
Destacan la forma desigual en que la represión afecta a los sectores privilegiados y los postergados, “porque la policía sigue reprimiendo sólo a los de abajo” y exigen medidas para que paren las golpizas y torturas, que se instruyan causas contra los funcionarios denunciados, y que se brinden respuestas eficaces para auxiliar a las víctimas de violencia de género.
En el Reporte nº 20 contábamos que el lunes 13 de abril, en San Juan, trabajadores de la empresa INPROLEC, fueron, guardando todos los cuidados antivirus, a la puerta de la casa de gobierno, a reclamar por 200 despidos ilegales.
Ocho de ellos fueron detenidos. Apenas dos días después, Fabián Benítez, Fabián Romero, Federico Montaña, Carlos Almasan, Aravena González, Antonio Alaniz, Ariel Abasolo y Roberto González ya fueron condenados, proceso de flagrancia mediante, a la pena de seis meses de prisión en suspenso.
Su delito, reclamar que la empresa no puede despedir en este contexto de emergencia.
Dos noticias, una de Chubut y otra de Bahía Blanca, muestran la importancia y utilidad del esfuerzo que venimos haciendo organizaciones y personas en difundir los hechos de violencia policial durante la pandemia.
En Trelew, un video que tuvo mucha repercusión mostró cómo efectivos de la policía de Chubut golpeaban a un joven, en el centro de detención montado en el gimnasio municipal.
Allí se ve al chico, con las manos atadas con precintos por detrás del cuerpo, que fue apartado por un grupo de policías, que lo tiraron al piso y lo molieron a patadas.
Gracias a la viralización de las imágenes, el ministro de Seguridad Massoni –el mismito que bancó al comisario Paulino Gómez que exigía detenciones para hacer estadística- debió ordenar el pase a disponibilidad de los agentes y la realización de un sumario disciplinario.
Lo mismo sucedió en Bahía Blanca, donde fueron separados de la fuerza y sumariados los cuatro policías bonaerenses que golpearon, patearon y detuvieron a Luciano González, cuando paseaba su perro a poca distancia de su casa.
Como en el caso de Chubut, no alcanza con el sumario interno.
Exigimos juicio y castigo.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión. La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
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