El Intendente de Cambiemos, Miguel Olivieri de la ciudad de Monte Caseros, se halla fuertemente acorralado y por una doble situación.
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| Foto de Archivo. |
La primera es que su provincia encabeza el ranking de las más pobres del país, con valores rozando el 50% de su población entre la indigencia y la pobreza.
Un número tremendo si se observa que alrededor de 500 mil correntinos están limitados a sobrevivir con 12.500 pesos que es el valor del salario mínimo y que en el último brote devaluativo una familia tipo necesita de 31 mil pesos para la subsistencia.
Muchos se preguntaran ¡cómo una provincia tan rica en bosques (500 mil hectáreas forestadas entre pinos y eucaliptos), citrus (30 mil hectáreas cultivadas de ellas el 62% en Monte Caseros), ganadería (4 millones de vacas y 2.3 millones de ovejas) y portadora de la segunda reserva mundial de AGUA y humedales con flora y fauna que abarcan mas de 180 mil hectáreas en los Esteros del Iberá!
Pero tiene a la mitad de su población hundida en la pobreza y carentes de alimentos, vestidos, vivienda, transporte, salud, educación y otras necesidades básicas; y claramente se llega a una situación como estas por el único modo de gobernar para los intereses de un pequeña casta, que alrededor del estado provincial y sus privilegios, hunden en la miseria al resto de los correntinos.
El aparato del Estado juega un rol de disciplinamiento social, por medio de la represión y la impunidad que se filtra por distintas instituciones marcando una práctica y una manera de actuar.
El caso del Intendente Olivieri, es emblemático porque va en sintonía con las descripciones metodológicas que señalamos: Gana las elecciones en el 2013 y es reelecto en el 2017 con un alto porcentaje de diferencia a su favor, utilizando ese aval para ampliar la brecha entre castas beneficiadas y pobreza estructural.
La inasistencia social, el sostenimiento de alrededor de mil contratos municipales que no superan los 50 Dólares acompañados del impune armado de bolsitas alimenticias para canjearlas por votos en las últimas elecciones, resume y nos exime de mayores profundizaciones.
“EL CUERPO ES EN SUS MANIFESTACIONES Y UNO SE MANIFIESTA EN SITUACIÓN”:
Es que nada de lo que aquí marcamos como medidas políticas y prácticas son ajenas a las decisiones particulares y tanto los funcionarios como los ciudadanos en general, se tienen que ajustar a derecho para vivir en sociedad.
Justamente es lo que no ha realizado el Intendente Olivieri en el Caso SILVINA TOLEDO una mujer madre de 8 hijos/as quien junto a su familia fuera contratada en el 2017 para trabajar en los campos de Olivieri distante 15 Km. de la ciudad de Monte Caseros.
Para realizar tareas generales y específicas, que atañen a una estructura rural, contrata los servicios de SILVINA quien se traslada a vivir junto a su esposo e hijos menores al establecimiento recibiendo un pago de 2500 pesos mensuales (casualmente la misma erogación que los contratos municipales).
Para ese periodo, la escala salarial mas baja de la UATRE en el 2017 era igual a 12.600 pesos y en la actualidad se traduce a 19 mil de la misma moneda.
Quiere decir que el Intendente, aprovechándose de la necesidad de los habitantes de la región les pagaba de 5 a 7 veces menos de lo estipulado por los convenios laborales firmados y avalados por el propio gobierno de Cambiemos.
Negó a través de carta documentos la relación contractual con Silvina y no se presentó en dos audiencias anteriores a la del 26/8/19 alegando problemas de salud.
RESULTADOS DE LA AUDIENCIA DEL 26 DE AGOSTO 2019:
La audiencia de conciliación fue un paso adelante en los derechos vulnerados contra SILVINA TOLEDO, porque el Juez Zamudio dio por “resultado negativo” el arreglo o acuerdo entre partes y entonces dispone el inicio de la causa fijando nuevas audiencias para inspección ocular y para la declaración de testigos, hechos que ocurrirán en los meses de noviembre y diciembre del presente año.
A pesar que el Intendente Olivieri se mostrara a favor de una conciliación de partes – lo que marca en definitiva que había una relación contractual- no dejó de aprovechar la situación para exigir, a través de su abogado lo que las leyes no dictan; y es así que solicitaron se retire del lugar que habita en el campo y que si no lo hace va iniciar una demanda por USURPACIÓN, la amenaza que muestra un rasgo más de los métodos que utilizan para moverse en la sociedad, no tiene asidero ni sustento legal, ya que ninguna ley impide que los trabajadores no puedan permanecer viviendo en el lugar donde trabajan o trabajaban y, claramente a SILVINA TOLEDO no se le puede imputar semejante delito ya que ella misma llego allí de la mano de su empleador y no en paracaídas.
Afortunadamente el Juez no dio lugar a esta petición.
Por delante, se esperan nuevas actuaciones, pero muy importante también es reflejar que, el camino emprendido por SILVINA es un ejemplo para muchos y muchas que son víctimas de estas vulneraciones.
Participar de la audiencia con la compañía de familiares e integrantes de la CODEJU es no solo para dar fuerzas, sino para visibilizar un reclamo que muchos medios harán la vista gorda, evitarán tratar y preferirán elegir otras noticias para entretener al pueblo.
Un hecho que, en cualquier lugar, sería noticia de primera plana.
Las oleadas de protestas y la organización serán el camino que ventilarán nuevas verdades en contra de la impunidad.
Justicia para SILVINA TOLEDO.
Coordinadora por los Derechos y la Justicia.
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