La mesa de enlace de Entre Ríos lanzó un comunicado sobre el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas”.
El fallo que anula el decreto del gobernador Bordet; y que deja firme la primer sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos; otorga un resguardo alrededor de las escuelas rurales de esa provincia de 1000 y 3000 metros sin fumigar de manera terrestre y aérea respectivamente.
Al parecer las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria.
Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos.
85.000 hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA, 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018; sólo por mencionar algunas.
El secretario de Gobierno de Agroindustria, Etchevehere, en Radio Nacional expresó que “el fallo es como un flagelo, como un tiro en el pie y que suena más a una cuestión ideológica o política”.
Pareciera que el secretario recién llegado de Japón no reconoce como el mercado de aquel país está virando hacía la demanda de productos saludables.
La mesa de enlace en su comunicado tilda de “irresponsable” a la Justicia. Pero en el fallo del 14 de Mayo es claro donde ver la desidia:
“El Estado Provincial no contó con ningún estudio objetivo y con rigor científico para la aplicación de agrotóxicos a fin de determinar las medidas de máxima protección a las escuelas rurales, para sustentar y así confeccionar el cuestionado decreto”.
Además en el fallo expresan que el Decreto de Bordet (nº4407/18) viola los arts.1, 5, 65, 186, 203 de la Constitución de Entre Ríos, arts. 1, 18, 75 inc.22 de la Constitución Nacional, y artículo 25 (inc. "c") de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y continua argumentando que el “carácter deliberadamente regresiva, injustificada y en un contexto de toxicidad de los venenos utilizados en el modelo agroindustrial actual, incumple además su obligación de preservar la biodiversidad a perpetuidad que establece el art. 41 CN”.
El fallo es contundente: “la Ley Nacional 26.061 que además de consagrar la "aplicación obligatoria" de la Convención de los Derechos del Niño, al contemplar los derechos -entre ellos el de la salud y al Medio Ambiente sano y equilibrado (art.21)– lo hace asignándole "prioridad absoluta" en el control de políticas públicas, frente a la cual es prioritario mantener siempre presente el interés superior del niño”.
Sobran razones para que la medida tenga aval de todas las instancias del Estado, y que el mismo acompañe con políticas públicas acordes a nuestras Leyes.
Para que las mismas dejen de ser un papel sin relevancia para quienes se atornillan a una Mesa donde precisamente no se sirve a la Soberanía Alimentaria.
Las conclusiones del Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Nacional dejaron en claro que más de 80 organizaciones del país exigen el fomento a la agroecología como política de Estado y el fortalecimiento de las escuelas rurales para el arraigo de los jóvenes en el campo.
Desde la Red Federal de Docentes por la Vida se viene denunciando que el gobierno actual ha profundizado el negocio sobre la tierra, expulsando a los márgenes de la ciudad al campesinado, avanzando sobre el cierre de escuelas rurales, reduciendo la secretaría de agricultura familiar.
Promocionando, a su vez, en las escuelas rurales técnicas las “bondades” del agronegocio y las “buenas prácticas agrícolas”.
Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones, no solamente para obtener nuevos terrenos para explotar, sino porque estas instituciones se han convertido en los últimos años en espacios de denuncia y concientización acerca del costo humano de los agrotóxicos sobre el ambiente en general y la salud humana en particular.
Las escuelas rurales son un espacio de sociabilización fundamental e irremplazable para la comunidad, siendo, en general, el único lugar público de encuentro para la realización de actividades de interés común, fomentando además el arraigo al territorio.
Entendemos que las escuelas rurales son la ÚNICA posibilidad que tienen los niños/as y adolescentes del medio rural para acceder a la educación, por la imposibilidad de concurrir a diario a escuelas urbanas, por la distancia, el estado de los caminos, la falta de medios de transporte, carencia de recursos económicos.
Porque defendemos el derecho a la educación, la salud y un ambiente sano, repudiamos los dichos de la mesa de enlace entrerriana; del secretario de Agroindustria Etchevehere, y del presidente Macri.
No hay razones para que los agrotóxicos invadan las escuelas y los contenidos curriculares; por el contrario, la agroecología es la alternativa sustentable a este modelo de muerte, que favorece a un puñado de empresarios, y las escuelas rurales pueden promoverla como motor de cambio hacia la soberanía alimentaria.
RED FEDERAL DE DOCENTES POR LA VIDA.
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