El fiscal Carlos García Escalada presentó un escrito en el que considera que la investigación está concluida y pide que se remita el expediente al tribunal oral. Los abogados del intendente solicitarán el sobreseimiento.
El Fiscal Federal Carlos García Escalada considera agotada la instrucción de la causa donde se investiga la supuesta vinculación del intendente Sergio Varisco (Cambiemos) con la banda narcocriminal encabezada por Daniel Andrés Celis y solicitó la elevación a juicio.
El escrito fue presentado este miércoles ante el juez Leandro Ríos, quien deberá correr traslado a los defensores de cada uno de los imputados para conocer su postura. Los abogados que representan al intendente adelantaron a Página Judicial que se opondrán a la elevación a juicio y solicitarán nuevamente su sobreseimiento.
En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Juez, quien podrá desvincular a Varisco o disponer la clausura de la investigación y elevar la causa al tribunal oral.
Concretamente, el jefe comunal está acusado por el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes. Sin embargo, el Fiscal García Escalada decidió no sostener la imputación por peculado, es decir, la utilización de fondos públicos para un fin distinto para el que fue asignado.
En este caso, la sospecha del Juez es que Varisco financió el relanzamiento de la organización narcocriminal con aportes de dinero y contrataciones simuladas a personas allegadas a Tavi Celis.
En la causa también están imputados el Concejal Pablo Hernández, la ex funcionaria y policía provincial Griselda Bordeira y el agente de tránsito Alan Nicolás Viola, señalados como nexos entre Varisco y Celis.
Los tres permanecen detenidos en la unidad penal.
Del mismo modo, están imputados otros familiares de Celis que integraban la organización narcocriminal: su ex pareja Luciana Ernestina Lemos, su hermano Eduardo Humberto Celis, su sobrino Nahuel Jonatan Eduardo Celis; al igual que Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz, señalados como vendedores al menudeo; y Wilber Figueroa Lagos, un ciudadano de nacionalidad peruana que oficiaba de nexo entre Celis y su proveedor, trasladando la droga desde la Ciudad de Buenos Aires a Paraná.
La investigación se sostiene en gran parte por las escuchas telefónicas recogidas durante varios meses. En ellas surge lo que el Juez considera que es un acuerdo político que Celis habría refrendado con Varisco en los primeros días de septiembre del año 2017.
El Juez cree que Celis financiaba la comercialización de cocaína con fondos públicos que le garantizaba el intendente a partir de ese acuerdo –del que también participaban Hernández y Bordeira–, y con recursos propios generados por la venta de droga.
Pero la sospecha va más allá. Si bien no se detectaron comunicaciones directas entre Varisco y Celis, el Juez asegura que unas de las funciones de Luciana Lemos, la pareja del jefe narco, era mantener ese vínculo abierto en forma “permanente”, “fluida” y “secreta” a través de Hernández y Bordeira, en lo referido a los pagos de dinero y entregas de cocaína.
Concretamente, menciona que los funcionarios habrían comprado droga el 1 de diciembre de 2017 y el 27 de abril de 2018 para su comercialización.
Para la adquisición y comercialización de cocaína, y también para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo político, intermediaba el agente de tránsito Alan Nicolás Viola.
El jefe y organizador de la banda era Celis, que coordinaba las adquisiciones de la droga por teléfono desde su celda en la cárcel de Federal y luego la distribución y venta de la cocaína; también dirigía a sus asistentes y colaboradores e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo político con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.
Luciana Lemos, por su parte, tenía un rol central en la organización. Era el nexo de Celis con todos los eslabones, fundamentalmente, mantenía las comunicaciones entre Celis y Varisco, a través de Hernández y Bordeira, “en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían”.
También era quien le hacía llegar teléfonos celulares y chips de recambio para evitar la interceptación de las comunicaciones. Era, además, quien adquiría la droga, coordinaba la distribución y almacenamiento de la cocaína y luego se ocupaba de la recaudación.
El proveedor de Celis era un ciudadano de nacionalidad peruana llamado Johan Edgardo Arias Quintana, quién disponía de un equipo de mulas para trasladar la cocaína desde la Ciudad de Buenos Aires a Paraná.
Uno de ellos era Wilber Figueroa Lagos, apodado Tío o Pariente.
A veces esa tarea la realizaban mujeres de mediana edad, que transportaban la droga en colectivo.
Por su parte, los familiares y allegados a Celis constituían distintos eslabones de la organización y cumplían roles de colaboradores, asistentes, almacenadores, vendedores y revendedores de cocaína.
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