De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una organización dedicada a posibilitar el tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre la mencionada ciudad y Brasil.
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La banda se encuentra investigada en otras causas por lavado de activos provenientes de la trata, infracciones a la ley penal cambiaria y narcotráfico, entre otros delitos.
Los fiscales Aníbal Martínez y Carlos Schaefer, a cargo de las Fiscalía Federal de Paso de los Libres y de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones de Corrientes, respectivamente, junto al fiscal cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gabriel Pérez Barberá, requirieron la elevación a juicio parcial de trece personas -diez de ellas funcionarios o empleados de la Dirección General de Aduanas de Paso de los Libres- acusadas de conformar una organización dedicada al tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre esa localidad y Brasil.
De acuerdo a la investigación, la banda desplegó las maniobras delictivas al menos desde septiembre de 2015 hasta el 21 de diciembre de 2017, oportunidad en que se realizaron una serie de allanamientos que permitieron el desbaratamiento de la organización.
En cuanto a su conformación, se encontraba integrada por al menos dos grupos, con roles y jerarquías claramente diferenciadas. Por un lado, funcionarios públicos y personal con funciones en la Aduana emplazada en el Puente Internacional “Agustín P. Justo-Getulio Vargas”, que une las ciudades de Uruguayana, Brasil, y Paso de los Libres (Corrientes) como así también en el Complejo Terminal de Cargas (Co.Te.Car).
El segundo grupo, en tanto, lo conformaban quienes se ocupaban del cruce transfronterizo de bienes, denominados en la jerga “pasadores” o “paseros”.
En todos los casos, las maniobras de contrabando se materializaban con la connivencia y anuencia de los integrantes del primer grupo.
En abril del corriente año, la jueza Pozzer Penzo, procesó al grupo de funcionarios por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones en septiembre pasado.
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La organización investigada registra varias causas judiciales en las que se investiga la participación de sus integrantes por diversas conductas delictivas de distinta naturaleza, como la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de sustancias estupefacientes, el contrabando de divisas y la evasión tributaria, entre otros.
“Estas causas judiciales revelan de forma clara el funcionamiento de la estructura delictiva como así también permiten identificar la generación de beneficios económicos, que, claro está, posteriormente fueron puestos en circulación en el mercado”, señalaron los fiscales.
Intercepciones telefónicas y cruces fronterizos
En su requerimiento de elevación a juicio, los fiscales dieron por acreditado que la organización llevó adelante el ingreso de diversas mercaderías y/o divisas al país con el fin de evitar el pago de los tributos correspondientes, de acuerdo con las normas establecidas en el comercio internacional.
Para ejecutar tales maniobras, los acusados mantenían frecuentes conversaciones telefónicas a través de las cuales acordaban los detalles, las transacciones, horarios, turnos y hasta el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera los “pasadores” a fin de eludir los controles establecidos.
De este modo, entre los elementos probatorios sobresale un importante caudal de intercepciones telefónicas entre los imputados, siempre en vistas a la ejecución de las maniobras.
En efecto, tales diálogos coinciden con los registros migratorios, es decir, con el momento exacto de ingreso de los “pasadores” al país.
“Los cruces fronterizos se habrían realizado con aviso y con la connivencia de los funcionarios de la Aduana argentina, quienes conforme los acuerdos espurios previos garantizaban el cruce sin control aduanero”, concluyeron los representantes del MPF.
De este modo, mientras continúa la instrucción en relación a otras personas involucradas, los fiscales solicitaron que los funcionarios y/o empleados de la AFIP-Aduana respondan en debate oral y público–según el caso y con distintos niveles de participación- por los delitos de incumplimiento de los deberes, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, administración fraudulenta, contrabando y tenencia injustificada de arma de guerra.
En tanto, los representantes del MPF encuadraron la conducta atribuida a las tres personas encargadas de realizar los cruces fronterizos en los delitos de contrabando bajo las figuras de cohecho activo, asociación ilícita y tenencia injustificada de arma de guerra (un caso).
En relación a los funcionarios públicos implicados, los fiscales indicaron que restan producirse medidas de prueba específicas en relación al delito de lavado de activos, por lo que solicitaron profundizar esa línea de investigación.
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