El caso más resonante en materia policial de nuestra ciudad, está siendo comentado en toda la provincia con poca información y muchas especulaciones.
Es que hasta ahora la investigación está bajo Secreto de Sumario y cualquier filtración sobre el asunto podría complicar el proceso judicial.
Sin embargo debido a la gran difusión que el tema tuvo, luego de un hermetismo casi perfecto, ya van surgiendo datos más precisos sobre lo acontecido en el Juzgado de Instrucción Penal y Correccional a cargo del Juez Eduardo Alegre.
Pasando en limpio lo que hasta ahora se tiene como datos certeros, podemos decir que el hecho se descubrió en los últimos días del mes de octubre, mientras Alegre estaba de licencia laboral.
Cuando se le informa al magistrado, que una persona había comentado que una de las armas secuestradas en un operativo policial y que debía estar bajo custodia judicial, se estaba intentando vender en el mercado local, se disparó el alerta.
Con ese dato o indicio, se decidió verificar la información revisando el depósito de armas del juzgado, cuya custodia según lo establecido por el comunicado del STJ está bajo la órbita policial.
Y ¡o sorpresa!
No solo faltaba el arma denunciada sino también otras que deberían estar en ese lugar y no estaban.
En este punto sigue habiendo algunas discrepancias en la información sobre el total de armas robadas algunas fuentes indican 29 y otras 27.
Nosotros tenemos información que avala la cantidad de 27, de las cuales fueron recuperadas 3 dos de ellas con registro en la base de datos de armas secuestradas y una con la numeración limada, que fue derivada a pericias para identificar su procedencia.
Rápidamente, se comenzó a trabajar sobre el tema y el Juez Alegre decide levantar su licencia ante la gravedad del caso y ordena una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho.
Al mismo tiempo pone en conocimiento de sus jefes del Superior Tribunal de Justicia, el día 31 de octubre, sobre las medidas adoptadas en relación a la causa y solicita el pedido de abrir un Sumario Interno para deslindar las responsabilidades del caso.
Para esto ya Ismael Ríos estaba detenido y había sido enviado a la Ciudad de Curuzú Cuatiá a la Unidad Regional III.
Como dijimos el caso está aún bajo Secreto Sumarial, pero podemos adelantar a nuestros lectores, como se sospecha que fue el modus operandi de los malhechores.
El primer punto de debilidad que encontraron los delincuentes, no fue justamente el depósito de armas, sino una puerta balcón que separa el edificio principal del juzgado, con un patio interno.
La puerta corrediza está construida con materiales poco resistentes como son el aluminio y el vidrio.
Pero la astucia del o los ladrones estuvo en buscar un resquicio por donde abrirla, sin que se note que haya sido forzada.
Desde allí hasta el lugar donde estaban las llaves de todo el edificio, tan solo hay que caminar unos cuantos pasos para así tener acceso a todo el resto del edificio.
Indudablemente la vulnerabilidad de esa puerta corrediza, debía estar respaldada con la presencia de por lo menos un policía de confianza que custodie todo el edificio integrado por el juzgado y la fiscalía.
Por eso se sospechó del accionar policial desde el primer momento, la cercanía y soledad con que cuentan los uniformados para con los elementos robados, dirigió la investigación hacia allí.
Se cree que además del detenido Ríos, cuya defensa intenta ponerlo en una situación de "perejil" como se dice en la jerga, habría por lo menos dos sospechosos más que están siendo investigados, uno de ellos un policía de rango que podría ser el cabecilla de esta banda "poliladron".
Pero también hay preocupación por ciertos indicios que revelaron la ayuda que recibió desde adentro, el único detenido hasta el momento, antes de ser allanado.
Porque surgió de su propia boca, que le habían avisado del procedimiento de allanamiento, pero no tuvo tiempo de zafar.
Se cree que ciertas filtraciones del caso surgieron desde el interior del juzgado, lo que pone en riesgo no solo esta causa, sino también otras tantas que se tramitan allí.
Así que, por lo que se lleva investigado hasta el momento, se puede presumir que el robo se fue haciendo en modo hormiga, es decir no se llevaron todas las armas en un mismo momento, sino de a poco, se estima que en un período de entre 3 y 4 meses.
¿Para qué se habrían llevado esas armas? bueno la hipótesis más fuerte es para hacer una diferencia económica en favor de los involucrados, pero no es la única línea de investigación, porque el valor total de lo recaudado debería ser repartido por lo menos entre 3 personas.
Si hacemos una cuenta más o menos rápida son pongámosle 30 armas a razón de $ 5.000,00 cada una en promedio, serían unos $ 150.000 dividido 3 $ 50.000 lucas para cada uno, poca plata para tanto riesgo.
Puede ser que haya otras cuestiones que motivaron este escándalo que indudablemente hizo colisionar de frente a dos instituciones de la democracia, como son el Poder Judicial y la Policía; por ende queda salpicado también el Poder Político Provincial que tiene bajo su órbita a las jefaturas policiales.
Mensajes Gmail
Mensajes Facebook