El fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo solicitaron en una presentación realizada ante la Cámara Federal de Apelaciones el apartamiento del juez Carlos Soto Dávila, en el marco de una causa de trata de personas con fines de explotación sexual.
En una presentación realizada ante la Cámara Federal de Apelaciones, los representantes del MPF cuestionaron el accionar del magistrado por demorar tres años y medio el inicio de la investigación y por no haber tomado en cuenta una cantidad de pruebas y medidas que habían sido solicitadas, las cuales “podrían haber impedido el accionar de los imputados”.
Se trata de una banda acusada de ofrecer servicios sexuales a turistas hospedados en hoteles y/o cabañas dedicadas al turismo.
Ambos hicieron hincapié en la existencia de otra causa iniciada en 2011, cuya hipótesis inicial resultaba idéntica al objeto de investigación del expediente que tramita en la actualidad.
Es decir que en esa primera causa ya se había puesto en conocimiento del Juez que las personas actualmente procesadas realizaban maniobras en infracción a la ley de trata de personas y, pese a ello, el magistrado no efectuó las medidas de investigación que el caso requería.
Sin embargo, de la constancia judicial que intentó explicar aquél largo párate de la investigación hizo referencia a que el problema de aquella demora fue el “cúmulo de tareas” que no permitió un tratamiento “con prelación”.
De esta manera, los representantes del MPF resaltaron que entre ambas causas existió “un salto temporal en el trámite del proceso judicial”, y que la inacción del magistrado en el 2011 permitió a los imputados continuar desarrollando las actividades ilícitas durante tres años y varios meses.
Asimismo cuestionaron el accionar del magistrado, quien al momento de dictar auto de procesamiento no tuvo en cuenta una cantidad de pruebas y medidas que habían sido solicitadas y que “podrían haber impedido el accionar de los imputados”.
La banda está acusada de explotar sexualmente a mujeres misioneras a través del ofrecimiento de “prostitutas vip” a turistas, en su mayoría de origen brasilero, hospedados en hoteles y/o cabañas ubicadas en la localidad correntina de Ita Ibaté.
Además, se ocuparían de coordinar el traslado de ida y vuelta de las mujeres con los dueños y encargados de esos lugares de acuerdo a la “demanda” por parte de los viajeros.
Los representantes del MPF cuestionaron el accionar del juez por haber dejado en libertad a tres de los cuatro acusados de ser partícipes secundarios de la red luego de haberles dictado su procesamiento, el pasado 24 de octubre de 2016.
Para los fiscales, esas tres personas también ocuparon un rol determinante en la conducta delictiva desplegada, por lo que también deberían ser consideradas coautoras del delito investigado y no partícipes secundarios como lo sostuvo el magistrado interviniente en la causa.
Bajo esta lógica, los Fiscales Schafer y Colombo sostuvieron en su escrito que: “el juez instructor no ha efectuado una mínima valoración de los elementos de la causa y las argumentación está basada en expresiones meramente dogmáticas sin sustento fáctico ni jurídico”.
El caso y las acusaciones
La causa se inició en 2015, a raíz de la presentación realizada por el Jefe de Prefectura de la localidad correntina de Ita Ibaté, quien habría tomado conocimiento que en dichos lugares se estarían desarrollando actividades vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.
A través de la investigación, se pudo establecer que la red “trabajaría” mayoritariamente con grupos de turistas de origen brasilero y que llevaría el control sobre, aproximadamente, 20 mujeres, provenientes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
El valor de los pases rondaría los 200 dólares y las facilitadoras de la actividad cobrarían un porcentaje a las víctimas para llevar a cabo las coordinaciones con los dueños de los respectivos hoteles y cabañas denominadas “Jardín del Paraná” y “Cabañas de Sapito”.
Una de las encargadas sería quien coordinaría con dueños y encargados de los hoteles la cantidad de mujeres solicitadas por los contingentes de turistas.
Además, coordinaría los grupos, supervisaría el “servicio ofrecido”, le pagaría a los choferes y a las víctimas y trabajaría por su cuenta ofreciendo un “grupo selecto de mujeres vip”.
Paralelamente, coordinaría dicha información con la otra encargada que, por su parte, contrataría taxis y remises para efectuar el traslado de las víctimas.
Una vez concretado el denominado “pase”, las trasladarían hasta la ciudad de Posadas nuevamente.
Allanamientos
Como resultado de la investigación, en septiembre de 2016, el fiscal federal Flavio Adrián Ferrini, con la colaboración de la Protex, solicitó una serie de allanamientos en dos domicilios particulares, en el Hotel Jardín del Paraná, y la cabaña Sapito, donde se rescataron a once mujeres provenientes de Posadas.
Además, fueron detenidos los cuatro acusados: el dueño del hotel denominado “Jardín del Paraná”, el encargado de la cabaña “Sapito” y dos mujeres encargadas del traslado de las víctimas.
A su vez, se secuestró en ambos alojamientos documentación vinculada a las actuaciones así como preservativos tirados en el suelo y aparatos de telefonía celular.
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