El plan, presentado por el presidente Mauricio Macri, cuenta con 69 medidas y 137 acciones detalladas para prevenir y asistir a mujeres en situación de violencia de género. Se desarrollará en tres años, con un presupuesto inicial de 750 millones de pesos.
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| El presidente Mauricio Macri anunciando el Plan Nacional contra la Violencia de Género. |
El plan cuenta con 69 medidas y 137 acciones detalladas para prevenir y
asistir a mujeres en situación de violencia de género, a desarrollarse
en tres años, con un presupuesto inicial de 750 millones de pesos.
En 150 páginas, el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres estructura su implementación en acciones preventivas,
de atención integral, de monitoreo y evaluación, de formación en todas
las áreas estatales y de fortalecimiento institucional.
Cada ítem del documento elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres identifica a los organismos responsables, los asociados y los plazos para lograr los objetivos, los que comienzan a correr desde enero próximo hasta diciembre de 2019.
En el ítem Salud, propicia la incorporación del parto humanizado y del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo en la currícula de todas las carreras sanitarias y en capacitaciones al sector.
Otro eje es la promoción de una educación no sexista desde el nivel inicial hasta el universitario, que incluye el cumplimiento de los objetivos del programa de educación sexual integral.
Para desnaturalizar las prácticas discriminatorias en el trabajo, el Plan promueve la sanción de un ley contra el acoso laboral, licencias por violencia de género y políticas de corresponsabilidad de cuidados que incluyen ampliar licencias maternales y paternales.
La política pública también incluye a los medios de comunicación, propiciando diversas acciones que impidan que reproduzcan estereotipos de género que naturalizan la violencia, entre los que se incorpora el lenguaje inclusivo.
En esta área, como en otras, se impulsan acciones específicas destinadas a distintos colectivos: migrantes, discapacitadas, adultas mayores, jóvenes, LGBTQ y originarias.
Para el apartado de atención, en el proceso de ampliación de la Línea 144, incorpora un sistema operativo para la atención de mujeres con discapacidad y las que no sean hispano hablantes.
Involucrar a las mujeres que reciben asistencia, a los familiares de víctimas y a las niñas, niños y adolescentes, víctimas colaterales del maltrato, también está previsto en el instrumento estatal.
La violencia institucional está incluida con la creación de un área interinstitucional para su detección, atención y sanción contra mujeres en situación de encierro, de pueblos originarios, del colectivo LGBTQ, con discapacidad y viviendo con VIH.
En relación a los agresores, se incentivan programas de reeducación para varones, los que usaran tobilleras para evitar que violen las órdenes judiciales de acercamiento a quienes maltratan.
El patrocinio jurídico gratuito para mujeres es otra de las medidas, como también el otorgarles microcréditos, sostenerlas en el programa Ellas Hacen y otros gubernamentales que posibiliten su autonomía económica y empoderamiento.
Otra acción del Plan es la implementación efectiva del Registro Único de Casos, entre otras que permitan contar con registros y observatorios estatales.
El Plan se efectivizará a través de la coordinación con 50 instituciones y organismos públicos.
Cada ítem del documento elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres identifica a los organismos responsables, los asociados y los plazos para lograr los objetivos, los que comienzan a correr desde enero próximo hasta diciembre de 2019.
En el ítem Salud, propicia la incorporación del parto humanizado y del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo en la currícula de todas las carreras sanitarias y en capacitaciones al sector.
Otro eje es la promoción de una educación no sexista desde el nivel inicial hasta el universitario, que incluye el cumplimiento de los objetivos del programa de educación sexual integral.
Para desnaturalizar las prácticas discriminatorias en el trabajo, el Plan promueve la sanción de un ley contra el acoso laboral, licencias por violencia de género y políticas de corresponsabilidad de cuidados que incluyen ampliar licencias maternales y paternales.
La política pública también incluye a los medios de comunicación, propiciando diversas acciones que impidan que reproduzcan estereotipos de género que naturalizan la violencia, entre los que se incorpora el lenguaje inclusivo.
En esta área, como en otras, se impulsan acciones específicas destinadas a distintos colectivos: migrantes, discapacitadas, adultas mayores, jóvenes, LGBTQ y originarias.
Para el apartado de atención, en el proceso de ampliación de la Línea 144, incorpora un sistema operativo para la atención de mujeres con discapacidad y las que no sean hispano hablantes.
Involucrar a las mujeres que reciben asistencia, a los familiares de víctimas y a las niñas, niños y adolescentes, víctimas colaterales del maltrato, también está previsto en el instrumento estatal.
La violencia institucional está incluida con la creación de un área interinstitucional para su detección, atención y sanción contra mujeres en situación de encierro, de pueblos originarios, del colectivo LGBTQ, con discapacidad y viviendo con VIH.
En relación a los agresores, se incentivan programas de reeducación para varones, los que usaran tobilleras para evitar que violen las órdenes judiciales de acercamiento a quienes maltratan.
El patrocinio jurídico gratuito para mujeres es otra de las medidas, como también el otorgarles microcréditos, sostenerlas en el programa Ellas Hacen y otros gubernamentales que posibiliten su autonomía económica y empoderamiento.
Otra acción del Plan es la implementación efectiva del Registro Único de Casos, entre otras que permitan contar con registros y observatorios estatales.
El Plan se efectivizará a través de la coordinación con 50 instituciones y organismos públicos.
Télam
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