El Jueves último entró en el Concejo un proyecto impulsado por Ayala Ortíz y Nino Paniagua, en el que solicitan que las sesiones del Concejo sean televisadas en vivo y directo como en otras épocas.
El proyecto que pasó a comisión para su análisis prevé que de aprobarse, las empresas locales que puedan dar el servicio de transmisión presenten sus presupuestos y condiciones a la presidencia del cuerpo para que este luego realice la contratación correspondiente.
En los Considerandos del proyecto se argumenta que "el debate parlamentario y el conocimiento pleno de las distintas opiniones es una garantía más de nuestro sistema representativo y republicano de gobierno".
De esta manera las sesiones del Concejo podrían volver a verse por televisión en vivo y directo. La cuestión es que de contratarse una u otra empresa prestadora del servicio audiovisual, habrá discrepancias entre los televidentes, ya que de acuerdo a la empresa que cada ciudadano haya contratado, es decir, servicio de cable o televisión por aire y a que empresa le otorguen el contrato de transmisión, seguramente una porción de ciudadanos se quedará sin acceso a la información por la cual todos los contribuyente estarán pagando.
La intención en principio es buena porque se aporta al fortalecimiento de la democracia, siempre considerando que la información de los actos públicos de gobierno es un derecho primordial de todos los ciudadanos. ¿Pero cómo se va a resolver la disyuntiva de brindar un servicio que pagan todos si se elige una u otra empresa? Indudablemente muchos quedarán afuera.
Tal vez se proponga que contraten a las dos empresas en simultáneo para que cada una de ellas pueda llevarles la señal a sus televidentes y que nadie quede relegado en la información; lo que es cierto es que ciudadanos somos todos y en igualdad de condiciones, si el Estado brinda un servicio debe ser para todos de la misma manera.
Por otra parte, dentro de los Vistos y Considerandos del proyecto se deja expresamente aclarado que "Visto la publicidad de los actos de gobierno y Considerando que es obligación por parte de los distintos poderes del Estado arbitrar los medios para la publicidad de sus actividades gubernamentales, acercando así las actividades legislativas a los hogares de nuestros conciudadanos".
Entonces surge una pregunta que cae por su propio peso, ¿qué sucede con la contratación del resto de medios que cubren las actividades legislativas desde hace años y nunca han recibido una compensación económica o contractual, pero que de todos modos reflejan semanalmente las actividades parlamentarias en los medios gráficos, radiales, digitales o audiovisuales alternativos?
¿Acaso no es considerado trabajo el que los colegas realizan cada Jueves en el recinto de sesiones, o es menos importante su actividad comunicacional siendo que muchas veces son los únicos que se presentan a cubrir la labor parlamentaria y llevar por motus propio la información a sus lectores, oyentes, etc.?
El Estado no puede ni debe manejarse arbitrariamente en la contratación de servicios de prensa, como si fuese una empresa privada, porque el dinero que utiliza para tal fin es de los contribuyentes. Ya hay demasiadas asimetrías en el reparto de la pauta publicitaria local, por eso se pueden ver empresas de comunicación que han florecido exponencialmente y otras que apenas si logran subsistir. No tener en cuenta estas cuestiones solo redundará en que los medios queden concentrados en pocas manos y que el público no tenga demasiadas opciones para elegir.
El fondo de la cuestión es, si le van a dar el negocio de la información a uno, que tengan en cuenta también al resto de medios y trabajadores de prensa de todos los soportes informativos que cubren las sesiones, porque sería una verdadera injusticia que le otorguen beneficios a unos y olvidos a otros.
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