A través de una resolución, se pone de relieve que los menores necesitan ser protegidos y contenidos, tras la pérdida de sus madres en casos fatales de violencia de género.
El
caso de uno de los hijos de María Belén Sanabria (17), cuya guarda a
cargo de sus abuelos estuvo en duda durante unos días por la aparición
de un supuesto padre, motivó la aprobación de un proyecto de resolución
en la Cámara de Diputados de la Provincia. María Belén fue víctima de
feminicidio el pasado 18 de marzo, y su bebé de 4 meses, de apellido
Sanabria, quedó bajo la tutela de su abuela. Sin embargo, un hombre se
presentó hace dos semanas reclamando que se le reconozca la paternidad
del niño al que nunca antes había visto.
“Organizaciones sociales denunciaron que gente extraña vino de Buenos Aires con la intención de llevarse a uno de los dos hijos de María Belén Sanabria, muerta a manos de su pareja”, explicó la diputada Sonia López, autora de la iniciativa.
Luego, el cuerpo parlamentario aprobó por unanimidad y sobre tablas el proyecto de resolución que promovió la legisladora, que pide intervención del Estado provincial a fin de proteger y ayudar a los menores que quedaron huérfanos tras la muerte de su madre en un nuevo caso de feminicidio.
El asesinato de María Belén Sanabria tuvo lugar en el barrio La Curva, de la localidad de Santa Rosa, cuando recibió un disparo de arma de fuego por parte de su ex pareja, Miguel Cerdán.
La joven víctima tenía dos hijos, una nena de dos años y un bebé que la semana pasada cumplió sus primeros cuatro meses de vida, quedando ambos bajo la tutela de su abuela, Teodora Acosta.
“La familia vive en condiciones de extrema emergencia social y económica, situación de la cual, magistrados del Juzgado de Paz de Santa Rosa se valdrían para presionar a la entrega involuntaria del hijo menor de la víctima a personas desconocidas de Buenos Aires”, informó López a la Cámara baja.
Los datos fueron difundidos por referentes de organizaciones sociales que visitaron a la familia Sanabria, junto al subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.
“Tales operaciones estarían siendo llevadas a cabo por personas oriundas de la provincia de Buenos Aires, ajenas totalmente al grupo familiar de la víctima”, sostuvo López.
Ante
esto, la diputada del Partido Comunista solicitó al Ministerio de
Seguridad coordinar las acciones de prevención a fin de evitar el
acercamiento oportunista de personas extrañas a la familia Sanabria.
Así también, pidió al Ministerio de Desarrollo Social adoptar las medidas
de acción pertinentes y conducentes para la asistencia económica y de
contención social para la familia de la víctima de feminicidio.
“El Estado todavía está en deuda con los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista, ya que en general quedan huérfanos y sin contención de ningún tipo”, aseveró durante la sesión de ayer.
También esta semana se conoció un pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes, que advirtió que “es hora de despertar” frente a la sucesión de feminicidios y hechos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Corrientes.
Asimismo, recordaron que el magisterio de la Iglesia es absolutamente explícito en su rechazo a cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, como en los demás casos de atentado contra la dignidad de la persona.
Para garantizar el valioso aporte de la mujer, el Arzobispado entiende que los poderes públicos tienen especial responsabilidad en la promoción de una verdadera política social, encaminada a prevenir e intervenir directamente sobre las causas de la violencia física, sexual, psicológica o moral ejercida sobre la mujer.
En los últimos meses, varios fueron los hijos de víctimas de feminicidio en Corrientes que quedaron bajo la guarda de abuelos u otros familiares. Además del caso de Santa Rosa, vale recordar el caso de Sandra Silguero (44), asesinada de 50 puñaladas en el barrio San Benito en la capital, quien tenía dos hijos adolescentes.
En otros casos de violencia que no llegaron al feminicidio, los hijos también padecen las consecuencias, como es el caso de Mirta Ríos, victima de golpizas durante 15 años que hoy no tiene un lugar donde vivir junto a sus 4 hijos.
“Organizaciones sociales denunciaron que gente extraña vino de Buenos Aires con la intención de llevarse a uno de los dos hijos de María Belén Sanabria, muerta a manos de su pareja”, explicó la diputada Sonia López, autora de la iniciativa.
Luego, el cuerpo parlamentario aprobó por unanimidad y sobre tablas el proyecto de resolución que promovió la legisladora, que pide intervención del Estado provincial a fin de proteger y ayudar a los menores que quedaron huérfanos tras la muerte de su madre en un nuevo caso de feminicidio.
El asesinato de María Belén Sanabria tuvo lugar en el barrio La Curva, de la localidad de Santa Rosa, cuando recibió un disparo de arma de fuego por parte de su ex pareja, Miguel Cerdán.
La joven víctima tenía dos hijos, una nena de dos años y un bebé que la semana pasada cumplió sus primeros cuatro meses de vida, quedando ambos bajo la tutela de su abuela, Teodora Acosta.
“La familia vive en condiciones de extrema emergencia social y económica, situación de la cual, magistrados del Juzgado de Paz de Santa Rosa se valdrían para presionar a la entrega involuntaria del hijo menor de la víctima a personas desconocidas de Buenos Aires”, informó López a la Cámara baja.
Los datos fueron difundidos por referentes de organizaciones sociales que visitaron a la familia Sanabria, junto al subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.
“Tales operaciones estarían siendo llevadas a cabo por personas oriundas de la provincia de Buenos Aires, ajenas totalmente al grupo familiar de la víctima”, sostuvo López.
“El Estado todavía está en deuda con los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista, ya que en general quedan huérfanos y sin contención de ningún tipo”, aseveró durante la sesión de ayer.
También esta semana se conoció un pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes, que advirtió que “es hora de despertar” frente a la sucesión de feminicidios y hechos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de Corrientes.
Asimismo, recordaron que el magisterio de la Iglesia es absolutamente explícito en su rechazo a cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, como en los demás casos de atentado contra la dignidad de la persona.
Para garantizar el valioso aporte de la mujer, el Arzobispado entiende que los poderes públicos tienen especial responsabilidad en la promoción de una verdadera política social, encaminada a prevenir e intervenir directamente sobre las causas de la violencia física, sexual, psicológica o moral ejercida sobre la mujer.
En los últimos meses, varios fueron los hijos de víctimas de feminicidio en Corrientes que quedaron bajo la guarda de abuelos u otros familiares. Además del caso de Santa Rosa, vale recordar el caso de Sandra Silguero (44), asesinada de 50 puñaladas en el barrio San Benito en la capital, quien tenía dos hijos adolescentes.
En otros casos de violencia que no llegaron al feminicidio, los hijos también padecen las consecuencias, como es el caso de Mirta Ríos, victima de golpizas durante 15 años que hoy no tiene un lugar donde vivir junto a sus 4 hijos.
CdR
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