Según la investigación, la organización operaba principalmente desde un domicilio donde se fraccionaba el estupefaciente.
27-05-25
Para luego comercializarlo personalmente o mediante repartos por "delivery", en Chajarí.
El Juzgado Federal de Concordia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas -tres hombres y de una mujer- acusadas de conformar una organización dedicada al comercio de estupefacientes -principalmente clorhidrato de cocaína– en la ciudad de Chajarí y sus alrededores.
El procesamiento, dictado el 16 de mayo pasado, fue por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
La titular del juzgado federal, Ana María Ramponi, ordenó además trabar el embargo hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos para cada uno de los imputados y la imputada.
La investigación que derivó en esta decisión fue iniciada en diciembre de 2024 por la titular de la Fiscalía Federal de Concordia, Josefina Minatta, quien contó con la colaboración de la División Drogas Peligrosas Sección Chajarí de la Policía de Entre Ríos.
En el marco de la pesquisa, la fiscalía propició ante el juzgado diferentes diligencias, como seguimientos e intervenciones telefónicas, que culminaron con el allanamiento de siete domicilios de Chajarí, donde se secuestraron diversos elementos de interés para el caso, a partir de los cuales se detuvo a las cuatro personas.
A cada una de ellas se le imputó la tenencia del material estupefaciente con fines de comercialización encontrada en los procedimientos.
La organización
La recolección de elementos de prueba se inició el 3 de diciembre de 2024 a partir de una investigación preliminar originada en la Fiscalía Federal de Concordia, a raíz de una nota remitida por la División Toxicología de la Delegación Chajarí de la Policía de Entre Ríos.
Ésta puso en conocimiento sobre las presuntas maniobras vinculadas al tráfico de cocaína por parte de la organización, que se calculaba estaba conformada por once personas.
Según el informe, la banda operaba principalmente desde una residencia ubicada en aquella ciudad y la venta del estupefaciente se realizaba personalmente o mediante repartos.
Frente a esa noticia y los primeros elementos recogidos en la investigación, la fiscal entendió que los hechos se subsumían en las previsiones de la Ley 23.737, de drogas y en consecuencia el 6 de febrero formuló el requerimiento de instrucción y solicitó otra serie de medidas de prueba.
En el marco de la pesquisa pudo comprobarse que uno de los imputados residía en el domicilio de Chajarí que funcionaba como punto neurálgico de la organización.
Allí se había instalado una estructura de fraccionamiento, acopio y distribución, esencialmente de clorhidrato de cocaína.
Los investigadores documentaron las actividades mediante tareas de campo, que incluyeron filmaciones que registraron múltiples transacciones directas y entregas del estupefaciente.
En el lugar se verificó además la presencia recurrente de las personas ahora procesadas.
Una vez recabada toda la información, la fiscal Minatta solicitó que se libraran las órdenes de allanamiento para siete domicilios, todos ellos ubicados en la localidad de Chajarí; y que se dispusiera la detención de cuatro personas, como también el secuestro de los vehículos utilizados por ellos.