No es la primera vez que nos enteramos que una persona pobre es privada ilegítimamente de su libertad en Monte Caseros, por la aplicación de una contravención.
30-8-24
Por ejemplo tomo el reciente caso de Héctor Lencina, acusado de "insultar" a una vecina por diferencias de opinión.
El sistema represivo del Estado decidió arbitrariamente que podía aplicar una contravención contra el sujeto en cuestión, sin más y porque sí.
Pues bien, pareciera que este tipo de medidas arcaicas que choca de bruces contra todo ordenamiento jurídico nacional y supranacional, no parece sensibilizar al sistema judicial local ni provincial.
Tal vez eso de "Corrientes país aparte" sea una realidad en algunas cabezas de referentes institucionales, pero ello no significa que sea legal.
En principio sería bueno recordar que ningún ordenamiento jurídico, provincial, municipal o de cualquier otro tipo, puede ir en contra de lo que establece la Constitucional Argentina.
Entonces si esto está dispuesto de esta manera
¿Por qué una contravención (que no es un delito) tiene fuerza suficiente como para privar de la libertad a las personas acusadas mediante algún testimonio interesado y sin pruebas corroborables?
¿Cómo es que aún habiendo adherido nuestro país a tratados internacionales como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, se permite que una persona sea puesta en prisión sin ninguna posibilidad de defensa?
¿Dónde están los organismos de contralor del Estado?
¿Por qué hacen la vista gorda a este tipo de canallada institucional?
No hubo hasta ahora, un juez, ni un abogado y menos un fiscal que levante la mano para reclamar por un derecho consagrado en nuestra constitución como lo es el Derecho a la Libertad Personal.
Si miramos hacia atrás, veremos claramente que este tipo de medidas arbitrarias e inconstitucionales, son una manera de disciplinamiento social aplicables a personas económicamente vulnerables.
Implementadas sistemáticamente contra personas sin recursos económicos y casi sin posibilidades de reclamar ante estrados judiciales, por incapacidad económica o desconocimiento de sus propios derechos fundamentales.
Y donde la élite juega a las escondidas, haciéndose la distraída para no tocar intereses que de alguna u otra manera los favorecen o favorecerán.
El código contravencional es un esperpento ilegal, que debe ser abolido porque no resiste ningún tipo de razonamiento lógico y que además convierte a la institución policía en juez y parte de hechos no tipificados por el código penal como delitos.
Parece que a los organismos de defensa de los Derechos Humanos, se le quemaron los papeles y no encuentran argumentación suficiente para contrarrestar estas prácticas ilegítimas y antagónicas con el Estado de Derecho que significa vivir en democracia.
Pablo Lugo.
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