Las pruebas certifican la defunción fetal, pero igual la acusan de homicidio. Podrían darle prisión perpetua.
05-08-22
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| Imagen: La República |
Ana está presa hace ocho meses en la localidad correntina de Esquina. Tiene 30 años y cría sola a sus dos hijos, de 13 y 6 años.
Pero desde noviembre está encarcelada, y los niños a cargo de su madre. Ana tuvo una emergencia obstétrica y la criatura que gestaba nació muerta.
Así lo dice el certificado de defunción fetal que firmó la médica forense Ivana Karina Fernández. La autopsia no pudo determinar el nacimiento de la criatura con vida. Sin embargo, desde el 10 de noviembre Ana está detenida, acusada de homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía, un delito que tiene la pena máxima de prisión perpetua.
Este viernes, después de los alegatos, un tribunal de Goya, presidido por Ricardo Diego Carbajal, secundado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte, dictará la sentencia.
El juicio contra Ana comenzó el lunes, con la acusación del fiscal Javier Gustavo Mosquera.
Donde hay una mujer que necesita atención médica, la justicia ve a una delincuente peligrosa. "Pedimos el cese de la prisión preventiva y nos la negaron, solicitamos la prisión domiciliaria y también nos fue negada con el argumento de que podría haber un intento de fuga", contó la abogada de Ana, Natalia Avalos. Dijo también que la mujer "no tiene recursos para fugarse, es de condición muy humilde y nunca siquiera ha salido de la provincia".
Para sostener a su familia, como madre sola, Ana hacía habitualmente trabajos de limpieza en casas ajenas y los fines de semana preparaba, junto a su mamá, comida casera para vender.
No se entiende por qué llegó presa al juicio. “Es parte del patriarcado judicial usar figura penales graves para criminalizar eventos obstétricos adversos, cuando un embarazo no tiene el final feliz que se espera”, advierte la abogada de Mujeres x Mujeres, Soledad Deza.
Este jueves, Deza declaró como testigo experta en el juicio contra Ana. Deza es docente universitaria e integrante del consejo asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades del Ministerio de la Nación y del consejo asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
Fue la abogada que pudo revertir la condena por homicidio agravado, con circunstancias extraordinarias de atenuación, contra Belén, la joven tucumana que estuvo presa casi novecientos días, luego de haber sufrido un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda, de la ciudad de Tucumán, desde donde salió esposada. La denunció personal médico.
El de Ana no es el único caso en el que la Justicia se ensaña con mujeres pobres, que son vistas como malas madres. Son los tentáculos de sectores conservadores antiderechos insertos en el Poder Judicial.
“Los estereotipos de género dejan de lado prueba que desincrimina o pericias como una autopsia que declara la imposibilidad de determinar un nacimiento con vida. No solo hay ignorancia del derecho sino ánimo judicial de castigar aquello que no forma parte de las facultades de la persecución punitiva estatal como es un evento obstétrico de estas características”, dijo Deza.
Por Mariana Carbajal para Página 12
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